La democracia en México, en los últimos veinte años, ha experimentado cambios constantes al finalizar cada proceso electoral. Mediantes dichos cambios se ha buscado modificar esquemas y procedimientos en la organización de las elecciones. Algunos de éstos sí representan transformaciones importantes, pero en su gran mayoría parecen ser solo alteraciones por intereses particulares de grupos y mayorías parlamentarias. A partir de ello, el beneficio que se pretende alcanzar para la evolución y construcción del Estado democrático se encuentra poco justificado
